El próximo martes, cuando Cristina Fernández vuelva de su licencia médica, no sólo se develarán muchos de los misterios alrededor de su enfermedad y recuperación, sino también, comenzará el año político en pleno, es decir, el verdadero proceso de “profundización del modelo” que la Presidente de la Nación adelantó en su campaña electoral.
En lo que lleva este segundo mandato, poco más de 40 días, dos han sido los driver que han conducido la acción del gobierno: defender la caja y desgastar a los enemigos políticos. Por un lado, la Casa Rosada parece querer retroceder el escenario económico a 2006 y, al mismo tiempo, acelera la atomización y desactivación de toda corporación real o potencial que puede poner trabas a la voluntad hegemónica de Cristina Fernández.
Es clara la intención del gobierno de recuperar el superávit fiscal y mantener el superávit de la balanza comercial arriba de los 10.000 millones de dólares. Los dos objetivos fueron las claves del arrollador proceso de acumulación de poder político de Néstor Kirchner, algo que Cristina Fernández quiere tener ante la imposibilidad, por lo menos hasta ahora, de ser reelecta por nuevo mandato. Quiere alejar todo riesgo del “Síndrome del Pato Rengo”.
Para obtener superávit fiscal, el gobierno no duda en destruir el único instrumento de inversión que sobrevivió a la crisis del 2002, los fideicomisos financieros; eliminar el mercado cambiario libre, hacer renacer el dólar blue, aumentar el costo para sacar dólares de la Argentina, desgravar la renta financiera y buscat todos los caminos para alcanzar a las inversiones de los argentinos en el exterior (350.000 millones de dólares), una mina de oro desde el punto de vista impositivo.
El sector financiero que fue uno de los grandes aliados del kirchnerismo, incluso, en los momentos más duros de lucha por la Resolución 125 o en la derrota electoral del 2009, hoy, es un blanco legítimo del cristinismo talibán y La Cámpora. Las ganancias acumuladas por el sector “ofenden” el sentido de “justicia social” que dice defender la Casa Rosada. Además, la rama dura del oficialismo, como afirmó el secretario de Comercio Interior, Guillermo “Lassie” Moreno, considera que la City porteña ya está preparándose para el postkirchnerismo. Un sincericidio.
Ahora, el nuevo aliado de la Casa Rosada es la minería. El gobierno, que vetó la Ley de Glaciares y, luego de ser vuelta a aprobar por el Congreso, no la reglamentó; sale a la defensa de un sector que puede tener un fuerte incremento de las retenciones, que puede invertir cientos de millones de dólares en los próximos años, que tiene capacidad de dar valor agregado a la producción y crear fuentes de trabajo en un grupo de provincias oficialistas que, en el fondo, seguirán votando al peronismo, como hicieron en octubre pasado.
Otra forma de apuntalar el superávit fiscal es avanzar en el control de los valores de los productos exportados desde la Argentina, en especial, buscando subfacturaciones comparando los datos con otros países y colocando valores de referencia para evitar que se coticen los bienes a exportar a un precio alejado de lo que fija un funcionario en un escritorio.
El cristinismo talibán sueña con tener versiones modernas de la Junta Nacional de Granos o del Instituto Argentino de Promoción de Intercambio (IAPI), que no sólo ayudaron a incrementar el comercio exterior, sino también, a generar una plusvalía para el Estado que sirvió para crear muchos de los mitos que hicieron grande a Juan Domingo Perón, entre ellos, la compra de los ferrocarriles y la creación de Aerolíneas Argentinas y la Flota Fluvial del Estado Argentino.
La quita de los subsidios es otra forma de tener superávit fiscal. No importa si hay que reducir el poder de compra de las familias, tirarle por la cabeza el subte a Mauricio Macri o reducir el salario de los empleados públicos al tiempo que La Cámpora sigue sumando sus cuadros al sector estatal para rentar su militancia y fidelidad política. El fin, parece justificar los medios en esta versión remixada del peronismo.
El gobierno necesita superávit para poder pagar deuda interna y externa, dado que el Banco Central dilapidó sus reservas; para mantener el consumo caliente, ante la crisis internacional; y para ampliar su poder territorial, con más beneficiarios de planes sociales. El kirchnerismo ha sido generoso, siempre, con la plata de los contribuyentes.
La necesidad de mantener el superávit comercial por arriba de los 10.000 millones de dólares concentra el mayor esfuerzo del gobierno. El control de las importaciones ha desatado una verdadera caza de brujas. Con la excusa de habilitar una “ventanilla única” y de implementar sistemas que se recomiendan a nivel mundial, el gobierno creó un instrumento en donde puede decidir, arbitrariamente, que una empresa o un sector tenga un estallido en las ganancias (como ocurrió con la cría de cerdos y pollos y los molinos, en el sector agropecuario) o tengan que cerrar sus puertas.
El nuevo sistema de autorización de importaciones se parece a las obligaciones de dar información contra lavado de dinero; en el fondo, los organismos públicos no tienen capacidad para analizar la información, salvo cuando tienen un blanco al que apuntar y, por lo general, la víctima, suele ser enemigo político del gobierno, por lo cual, su uso termina por ser espurio y deslegitima todo intento de evitar graves maniobras delictivas.
El control de las importaciones es la contracara del proceso de sustitución de importaciones que impulsó a las Pymes entre 2002 y 2006 y que la inflación y la desaparición de la competitividad del peso extinguieron.
Hoy, el gobierno intenta regenerar el proceso pero sin que exista el diferencial a favor del tipo de cambio que había hace seis años. Por eso debe ser compulsivo. A su vez, la caída de las inversiones que se registra en la economía desde hace cinco años se intenta revertir a fuerza de obligar a las empresas a producir en la Argentina aunque pierdan rentabilidad.
En realidad, el gobierno, que prefiere ignorar la pérdida de competitividad del peso, considera que las empresas están ganando “demasiado”, que no colaboran con la redistribución del ingreso y que su poder económico y financiero las convierte en “peligrosas” para la Administración de Cristina Fernández, por eso, la inversión es coercitiva.
La sustitución de importaciones y obligar a las empresas a incrementar su capacidad de producción es el camino elegido para neutralizar el impacto que tendrá en las estadísticas oficiales la destrucción de puestos de trabajo que causará la crisis internacional.
No es casual que el crecimiento esté bajando y que muchos economistas adelante una recesión para mitad de año. Como se hizo en 2009 y 2010, la Casa Rosada considera que el Estado debe ordenar a los privados cómo actuar, pero siempre con la plata de esos privados. Eso, para el cristinismo talibán, es “profundizar el modelo.
Con la caja asegurada, el gobierno avanza con el desgaste de sus enemigos. La intervención en los sectores productivos, como se dijo con los bancos, también tiene la misma meta. De esta forma, dejar pasar los plazos para ayudar al campo en medio de una sequía es una revancha que se toma la Casa Rosada de la derrota de la Resolución 125 y la etapa final para desmantelar el escaso poder de convocatoria que aún tiene la Mesa de Enlace, desprestigiada en la clase media luego del “no” de Julio Cleto Cobos.
La regulación del comercio de papel de diario tiene como blanco al Grupo Clarín, pero servirá para imponer el discurso único que tanto defiende el gobierno. Su efecto será similar a lo ocurrido en la década del 50: estallarán los medios amigos con tiradas inmensas y los opositores irán desapareciendo o perdiendo penetración de mercado por no tener la materia prima para mantener sus actuales ediciones.
Mauricio Macri es otro de los blancos elegidos. El desgaste de la figura del Jefe de Gobierno porteño, justo cuando inicia su campaña para nacionalizar su figura, busca retenerlo como un proyecto político municipalista, es decir, que no crezca en el interior.
El ex Presidente de Boca Juniors es la única figura que puede darle masa a un proyecto político peronista no kirchnerista. Ya quedó demostrado con el partido de futbol de salón con Daniel Scioli, la unión de los dos dirigentes hizo temblar las estructuras del oficialismo.
Sin embargo, hay que reconocer que la oposición hace lo imposible para colaborar con el gobierno para ser un proyecto hegemónico. Cuando todavía no transcurrió un mes del inicio de 2012, Francisco de Narváez anunció que se presentará a la reelección en 2013 y el ex gobernador de Santa Fe y líder del Frente Amplio Popular (FAP), Hermes Binner, confirmó que se postulará para diputado nacional.
Por su parte, el plan de seducción de intendentes radicales que anunció el macrismo motivó una fuerte arremetida del ex candidato presidencial Ricardo Alfonsín, quien fustigó el proyecto y amenazó con una nueva caza de brujas de la Unión Cívica Radical.
En paralelo, el PRO anunció que no tiene intenciones de impulsar la candidatura a gobernador de Francisco de Narvaéz y Hermes Binner dijo que podría trabajar junto, de nuevo, con la UCR; la Coalición Cívica se mostró interesada en volver al Acuerdo Cívico y Social y el GEN de Margarita Stolbitzer quiere a los radicales de socios minoritarios y rechazó el acercamiento de los pocos seguidores que le quedan a Elisa Carrió. Todo como si no hubiesen hablado las urnas en octubre pasado.
Desde el oficialismo observan con alegría este recrudecimiento de la interna opositora y la orden que bajó la Casa Rosada fue incentivar las contradicciones entre esas fuerzas para que no puedan seducir votantes. En el fondo, para el gobierno, con el regreso de Cristina Fernández, la campaña electoral del 2015 comenzará a pleno.
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