Exclusivo: Casación sobreseyó a todos los responsables de otra mega causa de corrupción
Los jueces Gutavo Hornos, Augusto Diez Ojeda y Mariano González Palazzo, dejaron sin efecto los procesamientos y embargos dictados por la concesión del espacio radioléctrico a Thales Spectrum. Fueron beneficiados por el escandaloso fallo, el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath, el abogado Juan Carlos Cassagne y el empresario menemista Jorge Neuss.
La Politica Online | 14.06.2011 21:10:00
El empresario Jorge Neuss, que era mencionado como posible ministro de Defensa si Carlos Menem hubiera ganado las elecciones del 2003, sumó un motivo de orgullo para la historia de su familia, que volvió su apellido famoso al colocarlo en una gaseosa de pomelo.
Es que en un fallo calificado en los tribunales como un “verdadero escándalo”, Neuss y sus compañeros de causa, lograron que la Cámara de Casación diera vuelta sólidos pronunciamientos de primera instancia y de Cámara y sobreseyera a todos los imputados por uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia del menemismo.
Se trata de la concesión del espectro Radioeléctrico a la firma francesa Thales Spectrum Argentina (TSA) que habría implicado para el Estado argentino una defraudación estimada en primera instancia por el juez federal Sergio Torres en 671.831.357,09 millones de pesos.
El procesamiento dictado por Torres y confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, consideraba que en esta licitación se habrían pagado coimas a funcionarios, como ser Kammerath, para que digitara la concesión a favor de Thales a sabiendas que iba a incumplir el contrato.
En ese marco Neuss y el influyente abogado Cassagne –uno de los ideólogos de las privatizaciones de los 90 y hoy defensor de Mauricio Macri en la causa de las escuchas-, cumplían roles como representantes o asociados a la francesa Thales.
Concretamente en el procesamiento de los imputados, se señaló que “mediante la maniobra imputada se direccionó el proceso licitatorio en pos de asignar la concesión y firmar el contrato respectivo con una empresa predeterminada, efectuando a su favor una transferencia de un porcentaje de los derechos del Estado sobre el espacio radioléctrico, en un entorno fáctico-normativo que le era favorable para incumplir con sus prestaciones, perjudicando económicamente” al Estado.
De manera que, se consideró en ese anterior pronunciamiento, “los funcionarios encargados de velar por la protección de tales intereses pecuniarios públicos, obligaron abusivamente al Estado –a favor de la concesionaria TSA- desencadenando con tal accionar un desequilibrio económico en perjuicio del Estado”.
Nada de esto impresionó a los integrantes d ela Cámara de Casación que de un plumazo sobreseyeron a todos los involucrados y dejaron sin efectos fuertes embargos, que en el caso de Cassagne y Neuss alcanzaban los 200 millones y en el de Kammerath los 100 millones.
Para agravar el escándalo intervinieron como abogados de los 12 procesados en este juicio, abogados de renombre como el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, el penalista Jorge Anzorreguy, el ex fiscal Maximiliano Rusconi y los famosos Valerga Aráoz.
Incluso, el contrato tuvo fuertes cuestionamientos de organismos de control como la Sigen y la Auditoría General de la Nación y de la propia Oficina Anticorrupción, y fue un emblema de la corrupción de los 90 asociada a las privatizaciones, como el caso IBM-Banco Nación, que casualmente también terminó sin un solo condenado.
Es que en un fallo calificado en los tribunales como un “verdadero escándalo”, Neuss y sus compañeros de causa, lograron que la Cámara de Casación diera vuelta sólidos pronunciamientos de primera instancia y de Cámara y sobreseyera a todos los imputados por uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia del menemismo.
Se trata de la concesión del espectro Radioeléctrico a la firma francesa Thales Spectrum Argentina (TSA) que habría implicado para el Estado argentino una defraudación estimada en primera instancia por el juez federal Sergio Torres en 671.831.357,09 millones de pesos.
El procesamiento dictado por Torres y confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, consideraba que en esta licitación se habrían pagado coimas a funcionarios, como ser Kammerath, para que digitara la concesión a favor de Thales a sabiendas que iba a incumplir el contrato.
En ese marco Neuss y el influyente abogado Cassagne –uno de los ideólogos de las privatizaciones de los 90 y hoy defensor de Mauricio Macri en la causa de las escuchas-, cumplían roles como representantes o asociados a la francesa Thales.
Concretamente en el procesamiento de los imputados, se señaló que “mediante la maniobra imputada se direccionó el proceso licitatorio en pos de asignar la concesión y firmar el contrato respectivo con una empresa predeterminada, efectuando a su favor una transferencia de un porcentaje de los derechos del Estado sobre el espacio radioléctrico, en un entorno fáctico-normativo que le era favorable para incumplir con sus prestaciones, perjudicando económicamente” al Estado.
De manera que, se consideró en ese anterior pronunciamiento, “los funcionarios encargados de velar por la protección de tales intereses pecuniarios públicos, obligaron abusivamente al Estado –a favor de la concesionaria TSA- desencadenando con tal accionar un desequilibrio económico en perjuicio del Estado”.
Nada de esto impresionó a los integrantes d ela Cámara de Casación que de un plumazo sobreseyeron a todos los involucrados y dejaron sin efectos fuertes embargos, que en el caso de Cassagne y Neuss alcanzaban los 200 millones y en el de Kammerath los 100 millones.
Para agravar el escándalo intervinieron como abogados de los 12 procesados en este juicio, abogados de renombre como el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, el penalista Jorge Anzorreguy, el ex fiscal Maximiliano Rusconi y los famosos Valerga Aráoz.
Incluso, el contrato tuvo fuertes cuestionamientos de organismos de control como la Sigen y la Auditoría General de la Nación y de la propia Oficina Anticorrupción, y fue un emblema de la corrupción de los 90 asociada a las privatizaciones, como el caso IBM-Banco Nación, que casualmente también terminó sin un solo condenado.
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