El cristinismo marcha a paso firme hacia la profundización del autoritarismo, como denunció el documento firmado recientemente por las principales fuerzas de la oposición, que no dudaron en calificar que está en peligro la democracia.
Pero no sólo las garantías individuales están en juego: el gobierno pensaría avanzar en un tema de importancia estratégica como es la comercialización de cereales y oleaginosas.
Las recientes denuncias de la AFIP contra algunas grandes compañías cerealeras multinacionales tendrían por objetivo final crear el ambiente propicio para la estatización del comercio exterior.
Si se llegara a este punto, se instauraría un férreo control sobre los productores rurales, mucho más acentuado que las retenciones.
Además, si las cerealeras quedan de lado, el Estado Nacional se apropiaría de la renta adicional de 50 dólares por tonelada que los compañías actualmente le retienen al productor.
Es sabido que, hoy por hoy, el Ministerio de Agricultura tiene cerradas las exportaciones de trigo y maíz y otorga a piacere el ROE, que es el certificado para poder exportar.
Entonces los productores se ven obligados a vender y de ese modo las cerealeras no sólo manejan los tiempos sino que embolsan los mencionados 50 dólares adicionales a las retenciones a los productores.
La soja no tiene ninguna limitación para exportar, pero en caso que los productores retengan en los silos bolsa la soja, el gobierno podría obligarlos a vender a precio vil el “yuyito”. En conclusión, más ingresos para el todopoderoso Estado.
¿Quién es responsable de la corrupción policial?
Otro caso curioso es la purga permanente de la Policía Federal, que arrastra a los comisarios pero también inspectores y comisarios recién ascendidos que están bajo sospecha de corrupción.
Ahora bien, Nilda Garré asumió en diciembre pasado, a siete años y medio de iniciado el ciclo kirchnerista en el poder.
Durante este larguísimo lapso, la Policía Federal fue conducida personalmente por Aníbal Fernández, primero como Ministro del Interior, luego como Ministro de Justicia y Jefe de Gabinete.
Éste debería ser investigado, entonces, por su responsabilidad en la corrupción policial que ahora descubre Garré, al igual que el ex jefe de gabinete Alberto Fernández y los ex jefes y subjefes de la Policía Federal, comisarios generales Néstor Vallecas y Jorge Oriolo.
En este paquete, que todo indica que en realidad no se investigará, entran el tráfico de drogas, la prostitución, el juego clandestino, el apoyo a los motochorros, asaltos a viviendas, maniobras con los adicionales de los partidos de fútbol, etc. Es decir, unos cuantos artículos del Código Penal.
Pero la verdadera intención de Garré no sería otra que desmantelar la Policía Federal, para que el país y sus libertades queden en manos mafiosas como las de Hugo Moyano y los movimientos sociales.
Este proceso de democracia callejera terminaría definitivamente con el poder los partidos políticos y hasta con los medios de comunicación que no sean adictos del poder.
Este panorama desolador que se avizora es más que motivo suficiente para que el Peronismo Federal, la UCR y el PRO mantengan abiertas las negociaciones para acordar un candidato único que enfrente a CFK.
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