El lunes pasado, La Nación publicó una nota sobre la presunta evasión fiscal de Lázaro Báez, en la que se señala a Ernesto “Cabezón” Clarence como el hombre fuerte de la Inverness S.A. Este nombre sería la abreviatura de “Inversiones Néstor”. Dos meses atrás, señalamos que Clarence se habría ocupado durante siete años y hasta el año pasado, desde su oficina capitalina de Pasaje Carabelas 241, de recaudar los retornos en negro de las obras de Vialidad Nacional cuyas beneficiarias principales fueron, entre otras las firmas, Gotti, Austral y Palma.
Estas últimas constructoras no pagaban diezmo y sí sobrefacturaban las obras públicas, perteneciendo todas a Báez. En el caso de las otras empresas beneficiadas por los contratos de obra pública, sus directivos tenían que ir al pasaje Carabelas a verlo a Clarence.
A éste se le adjudica haber inventado la operatoria en billetes de 500 euros para disminuir el volumen físico de la fortuna cash del difunto presidente. Una parte de ésta estaría todavía atesorada en la mansión de Báez en Río Gallegos a disposición de la familia Kirchner.
Borrar las huellas
Clarence vivía en Río Gallegos a comienzos del 2003 y su primer gran aporte a Néstor Kirchner fue iniciar los negocios de éste con Jorge Brito, al que Kirchner tenía en la mira por hipermenemista.
Pero gracias a los buenos oficios del “Cabezón” se convirtieron en socios. De este modo, Clarence llegó como recaudador del poder a la cortada Carabelas, lo que le permitió acumular una fortuna de 30 millones de dólares manejando los “diegos” de las obras de Vialidad Nacional.
Lázaro Báez, por su parte, se acogió dos años atrás a la moratoria inventada por el kirchnerato para que las constructoras zafaran de la utilización de facturas truchas pagando mucho menos de lo que debían a la AFIP y prescribieran así sus causas penales.
Sería importante que el futuro gobierno impulse la nulidad absoluta de esta verdadera ley de impunidad fiscal, que afectó las finanzas del Estado disminuyendo los recursos para la seguridad, la salud y la educación. Báez, por su parte, declaró una deuda fiscal de 40 millones de pesos y se acogió a la moratoria.
Pero dos jueces en lo penal económico no le cierran las causas penales hasta que se verifique que lo declarado por él equivale a la pretensión fiscal para determinar si se le cierran las causas pendientes.
En medios oficiales dan por descontado que Ricardo Echegaray le dé un trato preferencial a quien comió con el ex presidente en su última noche, horas antes de que falleciera por sus problemas coronarios-arteriales.
En el caso de Inverness S.A., tiene su dirección inexistente en la ruta que va de Montevideo a Punta del Este, en el kilómetro 8.
Aunque parezca mentira, esta sociedad sin domicilio manejó durante más de siete años varios centenares de millones de dólares, incluyendo fondos de Báez.
Ahora, si se caen las causas penales de este último, esta operatoria probablemente no se investigará nunca. Excepto, claro está, que se sancione la imprescriptibilidad de los delitos económicos cometidos durante el kirchnerato.
Guillermo Cherashny/informadorpublico.com
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