“Esta ley fomenta la corrupción”
El profesor de Derecho Constitucional Rodolfo Burgos criticó los cambios a la Ley de Obras Públicas.
CRITICO. Según Burgos, se elimina el control público sobre el gasto en obras. LA GACETA / HECTOR PERALTA Los cambios introducidos
La ley 8.175 modificó el artículo 14 de la Ley de Obras Públicas. En adelante, el Gobierno sólo deberá dar a conocer su llamado para adquirir obras o servicios públicos, o para enajenar bienes del Estado, en el Boletín Oficial y en la página web oficial. En cuanto a los medios masivos, solo tendrá que “comunicar” la licitación a un medio de circulación en la provincia.
La polémica modificación a la Ley de Obras Públicas (Nº 5.854), por la cual se elimina la obligación del Poder Ejecutivo de publicitar las convocatorias a licitaciones públicas en los medios de mayor tiraje de la provincia, atenta contra el principio republicano de dar publicidad a los actos de gobierno. Así lo denunció el profesor de Derecho Constitucional Rodolfo Burgos.
“La ley provincial N° 8.175 (bajo ese número fue promulgada la norma) contradice en forma palmaria normativa internacional de jerarquía superior. La simple lectura del artículo nueve de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción permite afirmar que el mecanismo ideado por los legisladores tucumanos marcha a contramano de lo que la comunidad internacional ya tiene decidido como parte de su estrategia global de combate contra la corrupción y, por eso, hará incurrir al país en responsabilidad ante los organismos de protección del tratado”, advirtió el letrado.
De todas formas, Burgos cree que hay indicios más preocupantes que se desprenden de la sanción y la promulgación de esta ley. “Acostumbrados ya al dislate jurídico como una lamentable característica de esta administración, el mayor perjuicio que acarrea la sanción de la ley no es tirar por la borda lo que señala la convención internacional, sino eliminar el control público sobre decisiones de gran importancia económica y, en consecuencia, fomentar la corrupción”, especuló.
“El principio republicano de publicidad de los actos de gobierno no es sino la garantía institucional que tiene el pueblo para saber de qué se trata, utilizando la histórica consigna de 1810. Su menoscabo evidencia una situación de alarma para la vigencia de las instituciones provinciales: desaparecida ya la separación de poderes, jaqueada la independencia del Poder Judicial y olvidada la periodicidad en la función pública entre reelecciones ocurridas y por intentar”, añadió.
El profesional ahondó sus reproches a los argumentos esgrimidos por el mandatario provincial al momento de justificar la promulgación del texto aprobado el sábado en sesión. “Presentar a esta reprochable iniciativa como un ahorro para el bolsillo del Estado, como lo hizo el gobernador, es de temeraria hipocresía. El costo de publicación de un aviso en un medio gráfico es ínfimo en relación con los montos en juego en las licitaciones públicas; y nada comparado con, por ejemplo, la generosa pauta oficial que Provincia, municipios y comunas gastan en los programas televisivos de amigos por canales abiertos”, sentenció.
“El acompañamiento empresario (la bien llamada ‘patria contratista’) a la iniciativa del Gobierno incrementa en forma razonable las sospechas sobre cartelización de la obra pública, sobreprecios y cohecho, todas prácticas que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción pretende eliminar”, cerró el especialista.
LA GACETA
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